El conflicto entre el gobierno y un sector de la Policía amenaza con seguir profundizándose

El conflicto policial en Santa Fe escaló durante la madrugada por enfrentamientos en la Jefatura de Policía de Rosario. El choque se produjo cuando el jefe de la fuerza, Luis Maldonado, ordenó reprimir a familiares y allegados de policías que protestaban en la puerta. Esa represión agravó el acuartelamiento de un sector de la policía, que bloqueó calles con unos 100 patrulleros y motos que debían salir a patrullar.

El gobierno provincial, encabezado por Maximiliano Pullaro, endureció su postura. Atribuyó el conflicto a maniobras políticas y señaló que ex policías exonerados y procesados por corrupción —como en el caso del robo de combustible— habrían instigado el malestar. El ministro de Seguridad, Pablo Coccocioni, confirmó que 20 agentes fueron pasados a disponibilidad. La fiscalía de Rosario abrió causas penales por incumplimiento de deberes de funcionario público. El riesgo es que, al sumarse más uniformados al reclamo, el gobierno pierda capacidad disciplinaria.

El conflicto se reavivó por la tarde. Se había previsto una reunión entre un representante policial y funcionarios que creó expectativas. Pero el Ministerio de Seguridad la levantó. Pidió como condición que todos los efectivos en servicio volvieran a patrullar, algo que no ocurrió. A las 18 se volvieron a escuchar sirenas y aplausos frente a la jefatura.

El origen del reclamo fue la muerte del suboficial Oscar Valdez, de 32 años, que se suicidó frente a la Jefatura de la Unidad Regional II. Valdez era oriundo de Vera, en el norte provincial. Su caso tocó una fibra sensible: muchos agentes viajan más de 500 km para trabajar en Rosario, cumplen turnos de 12 horas y descansan 36, y deben costear alojamiento y comida. El traslado consume gran parte del tiempo de descanso. Además, crecen los problemas de salud mental y adicciones en las fuerzas.

Durante el fin de semana el gobierno anunció un plus salarial: 500.000 pesos para uniformados de las principales ciudades y 250.000 para choferes de patrullero. La medida no logró calmar las protestas. En la madrugada se produjo un nuevo enfrentamiento entre policías que custodiaban la jefatura y familiares. Se usó gas pimienta contra algunos manifestantes, lo que aumentó el malestar interno.

A las 6, unos 20 patrulleros fueron estacionados frente a la Unidad Regional II por agentes que se negaron a patrullar. El gobierno respondió con sanciones. El ministro Coccocioni denunció además la circulación de fake news y una estrategia en redes para desestabilizar. Señaló la creación de cientos de perfiles falsos, fotos trucadas con inteligencia artificial y la viralización de imágenes manipuladas.

Los suicidios entre efectivos son un problema creciente. Según la Fiscalía de Rosario, en 2025 hubo 17 suicidios de policías en esa jurisdicción. El dato revela un drama silencioso dentro de las fuerzas, vinculado al desarraigo, las jornadas extenuantes y la falta de apoyo.

Las protestas se multiplicaron en Rosario, Santa Fe, Reconquista, Vera y otras localidades, con la presencia mayoritaria de familiares y amigos. Las manifestaciones también criticaron a algunos medios por no cubrir el conflicto. Enero fue un mes difícil: muchos agentes no tomaron vacaciones y en Rosario hubo nueve homicidios en los primeros 30 días de 2026, cifra inferior a la de 2025, aunque los heridos por arma de fuego superaron 45.

Pullaro intentó al principio mostrarse flexible. Su gestión hizo de la seguridad una bandera electoral y logró reducir homicidios en zonas críticas con mayor patrullaje y despliegue federal. En 2025, esas seis zonas tuvieron una baja del 22% en homicidios según Seguridad Nacional.

El malestar policial combina reclamos laborales reales —condiciones de trabajo, traslados y salud mental— con maniobras de desestabilización en redes. La crisis pone en tensión la capacidad del gobierno provincial para disciplinar a la fuerza y obliga a abordar tanto las demandas internas como el eje de la seguridad pública.