Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil y lo envió al Senado

La Cámara de Diputados aprobó este jueves el nuevo régimen penal juvenil, una ley que modifica de raíz la respuesta del Estado frente a delitos cometidos por personas menores de 18 años. La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo y debatida durante meses en comisiones, obtuvo mayoría en el recinto y continuará su trámite en el Senado para su sanción definitiva.

El texto aprobado busca equilibrar dos objetivos: priorizar medidas socioeducativas y preventivas para los jóvenes y garantizar una respuesta penal excepcional en los casos de delitos más graves. La norma reafirma la regla general de tratar a los adolescentes como sujetos en desarrollo, pero introduce criterios técnicos para que la jurisdicción penal pueda intervenir en supuestos extremos.

 

Edad de imputabilidad y criterios de intervención

La ley mantiene la exclusión absoluta del sistema penal para menores de 14 años: los hechos cometidos por ese tramo de edad serán atendidos por los dispositivos de protección social y medidas administrativas. Para adolescentes de 16 y 17 años, la normativa prevé la posibilidad de sometimiento a proceso penal en delitos de extrema gravedad —homicidio, violación, secuestro extorsivo, delitos con resultado de muerte o lesiones gravísimas— siempre que exista prueba suficiente de autoría y una evaluación pericial que acredite la capacidad del joven para comprender sus actos. Para jóvenes de 15 años se establece un mecanismo excepcional y muy restringido de evaluación de imputabilidad, sujeto a peritajes psicológicos, sociales y a decisión judicial motivada.

 

Medidas socioeducativas y sistema escalonado

El corazón de la reforma es un sistema escalonado de medidas que privilegia respuestas no privativas. Entre las alternativas figuran programas de mediación, trabajo comunitario supervisado, dispositivos de formación técnica y laboral, acompañamiento familiar, tratamiento en salud mental y programas de reparación del daño. Todas las medidas deberán diseñarse con un plan individualizado, a cargo de equipos interdisciplinarios integrados por psicólogos, trabajadores sociales, educadores y operadores judiciales.

La ley crea además un Registro Nacional de Programas con estándares de calidad y un sistema de certificación para las instituciones que los ejecuten. Ese registro servirá como referencia para la asignación de fondos y para supervisar la implementación en cada provincia.

 

Internación como última ratio

Las internaciones o privaciones de libertad se contemplan como último recurso y de carácter residual. Solo podrán ordenarse para adolescentes imputables por delitos muy graves cuando no sea posible garantizar la protección de la comunidad con medidas no privativas. Los centros de internación deberán cumplir protocolos estrictos: ofrecer educación formal, atención psicológica, capacitación laboral y planes claros de reinserción. Además, estarán sujetos a revisiones judiciales periódicas y a auditorías externas realizadas por organismos de derechos humanos y oficinas de supervisión creadas por la ley en cada jurisdicción.

 

Garantías procesales y protección de la identidad

Para evitar arbitrariedades, la norma refuerza garantías procesales: asistencia letrada especializada desde la primera instancia, audiencias con plazos perentorios, protección de la identidad del menor y prohibición de su exposición pública. También se fijan estándares técnicos para la realización de peritajes psicológicos y sociales, que deberán ser realizados por profesionales acreditados y con plazos acotados.

 

Financiamiento y coordinación federal

El proyecto aprobado prevé un esquema de financiamiento mixto: aportes del Tesoro nacional para crear y fortalecer programas, complementados por partidas provinciales. Se fijaron plazos para la transferencia gradual de recursos y la firma de convenios entre Nación y provincias. Las jurisdicciones deberán presentar planes locales con detalles sobre cómo adaptarán sus dispositivos de protección, formación y reinserción. Legisladores subrayaron que sin recursos estables la ley será letra muerta.

 

Debate político

En el recinto, el oficialismo defendió la norma como un avance que combina firmeza y prevención. Diputados del bloque oficialista destacaron que la ley prioriza la inclusión, reduce la posibilidad de reincidencia y protege a los adolescentes como sujetos de derechos. “Esta normativa busca romper ciclos de vulnerabilidad, ofreciendo alternativas reales a la cárcel”, dijo un representante del oficialismo.

La oposición presentó matices y críticas. Bloques conservadores y sectores que reclamaban mano dura advirtieron sobre el riesgo de discrecionalidad en la derivación al fuero penal y exigieron criterios más estrictos. Legisladores de izquierda y organizaciones sociales reclamaron mayor inversión en políticas sociales y pidieron limitar al máximo las medidas privativas de libertad. Organizaciones de derechos humanos valoraron la prohibición de privación de libertad para menores de 14 años y la auditoría externa, pero exigieron mecanismos de control estricto en la implementación.

 

Desafíos de implementación

Técnicos y operadores coincidieron en que el principal desafío será operacionalizar la ley: capacitar a jueces, fiscales, defensores y equipos socioeducativos; adecuar infraestructura; y garantizar la disponibilidad de programas en todo el territorio. La ley establece 120 días para su reglamentación y encomienda al Poder Ejecutivo, junto con los ministerios de Justicia, Educación, Salud y Desarrollo Social, la elaboración de los lineamientos del registro nacional y los criterios de evaluación de los programas.

 

Impacto esperado

Los impulsores sostienen que, si se aplican correctamente, las medidas socioeducativas y la reinserción pueden disminuir la reincidencia y atender causas estructurales como la pobreza, la falta de oportunidades y la deserción escolar. Sus críticos advierten que sin financiamiento y controles efectivos, la norma puede traducirse en más judicialización y en respuestas desiguales entre provincias.

Con la aprobación en Diputados, el proyecto viaja al Senado, donde se espera un nuevo tramo de debate técnico y político. Su sanción definitiva dependerá de la negociación entre bloques y de la capacidad del Estado para comprometer recursos y desplegar con celeridad los dispositivos previstos.