Multitudinaria marcha en Santa Fe en defensa de la universidad pública y la ciencia

La comunidad universitaria santafesina volvió a movilizarse este martes en una marcha masiva en defensa de la universidad pública, gratuita y del sistema científico nacional. La columna, integrada por docentes, estudiantes, investigadores, no docentes y autoridades de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y de la Regional Santa Fe de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), partió desde la zona de Telefe Santa Fe, en la Costanera, y avanzó por Bulevar Pellegrini hasta el Rectorado de la UNL, bajo la consigna “La universidad no se apaga”. 

El reclamo tuvo como ejes centrales la plena implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición salarial y el refuerzo de recursos para sostener las actividades académicas, científicas y de extensión. Referentes universitarios advirtieron que el sistema atraviesa una situación “crítica” producto del ajuste presupuestario impulsado por el Gobierno nacional y recordaron que, en las últimas semanas, se realizaron paros, clases públicas, abrazos simbólicos y jornadas de visibilización en todo el país. 

La rectora de la UNL, Laura Tarabella, destacó que la movilización buscó “poner nuevamente en valor todo el potencial transformador de la universidad pública argentina”. A su turno, el rector nacional de la UTN, Rubén Soro, alertó sobre la falta de partidas para infraestructura, investigación y programas universitarios, y subrayó el impacto de la subejecución presupuestaria. 

Frente al Rectorado de la UNL se vivió el momento central de la jornada, con la lectura de un documento conjunto consensuado entre universidades, gremios docentes y no docentes, investigadores y organizaciones estudiantiles, en el marco de la Cuarta Marcha Federal Universitaria. El texto cuestionó en términos duros al Poder Ejecutivo nacional por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso. 

“La universidad pública y el sistema público de investigación, desarrollo e innovación son el fruto de una larga lucha de nuestro pueblo”, señalaron, al definir a la educación superior estatal como una herramienta clave para la formación profesional, la producción de conocimiento y la movilidad social ascendente. Además, remarcaron que la universidad fue históricamente “caja de resonancia” de los reclamos sociales y que hoy también expresa demandas vinculadas a jubilaciones, discapacidad, salud, diversidad, industria nacional y cuidado de los recursos naturales. 

En el capítulo dedicado al financiamiento, el documento denunció que el Gobierno nacional “incumple la regla democrática y constitucional básica” al no aplicar la ley que fija un piso de recursos para garantizar el funcionamiento del sistema. Según los datos aportados, las transferencias a universidades nacionales registraron una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026, con impacto directo en las tareas académicas, científicas y de extensión. 

La situación salarial ocupó otro tramo central. Las organizaciones describieron un “deterioro alarmante del poder adquisitivo”, con renuncias de docentes e investigadores, reducción de dedicaciones, pluriempleo y crisis en las obras sociales universitarias. Precisaron que, entre diciembre de 2023 y marzo de 2026, la inflación acumulada fue del 293,30%, mientras que los salarios universitarios aumentaron solo un 147,30%, lo que implica una pérdida del 37,13% del poder de compra. “El deterioro sistemático del poder adquisitivo equivale a la pérdida de aproximadamente 10,9 salarios en el período considerado”, sostuvieron, y afirmaron que los sueldos se encuentran “en su nivel más bajo de los últimos 23 años”. 

El documento también advirtió sobre el deterioro de las políticas de becas. Las organizaciones denunciaron que las Becas Progresar permanecen congeladas frente a la inflación, mientras que las Becas Manuel Belgrano enfrentan “incertidumbre y desfinanciamiento”. Aseguraron que esta situación “expulsa estudiantes del sistema universitario” y profundiza desigualdades, a la vez que alertaron que las becas vinculadas a vocaciones científicas se encuentran suspendidas. 

Respecto a los gastos de funcionamiento, indicaron que las partidas para el sostenimiento cotidiano de las universidades “no superaron en ningún momento el 64% del poder adquisitivo que tenían en enero de 2023”, lo que se traduce en dificultades para cubrir servicios básicos, mantenimiento e insumos. 

El tramo más contundente del documento apuntó contra lo que definieron como “ruptura del acuerdo democrático de división de poderes”. “El Poder Ejecutivo, en un acto de desprecio institucional sin precedentes, ha decidido alzarse contra los otros dos poderes de la República”, expresaron, al referirse al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y de los fallos judiciales que ordenan su aplicación. “Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se rompe no es solo el presupuesto universitario: es el contrato social que nos mantiene libres y en un Estado de derecho”, advirtieron. 

Las organizaciones reivindicaron, además, el rol histórico de la universidad pública argentina como motor de igualdad y desarrollo nacional. Sostuvieron que el sistema universitario y científico es estratégico para fortalecer la industria, agregar valor a la producción y generar empleo de calidad. “La universidad pública argentina somos todas y todos. Es un instrumento de justicia social que produce movilidad social ascendente”, remarcaron. 

El cierre del documento incluyó un pedido expreso a la Corte Suprema de Justicia para que garantice el cumplimiento de la ley de financiamiento. “No permitamos que los pilares de nuestras universidades —trabajadores docentes, no docentes, investigadores y estudiantes— sean expulsados del sistema. Si hoy no defendemos a nuestras universidades, el futuro de prosperidad para el país será solo un sueño”, concluyeron ante una multitud reunida frente al Rectorado de la UNL.