Ciudadanía Activa reclama respuestas al Concejo Municipal por falta de tratamiento de propuestas para el sistema de Remises

Mediante una nota ingresada al Concejo Municipal, el colectivo Ciudadanía Activa reclamó respuestas y transparencia sobre el estado de las propuestas que presentó en diciembre de 2025 para la revisión de la norma que regula el servicio de remises en Santo Tomé.

La multisectorial indicó que la presentación buscaba “aportar ideas y herramientas para construir una regulación moderna, eficiente y acorde a las necesidades actuales de trabajadores, usuarios y prestadores del servicio”, pero que hasta ahora no recibió comunicación “sobre su tratamiento legislativo ni sobre la consideración de los aportes realizados”.

Entre las iniciativas remitidas al Concejo, Ciudadanía Activa detalló propuestas destinadas a “reducir costos para los permisionarios, modernizar los controles técnicos, simplificar trámites administrativos, incorporar herramientas tecnológicas que mejoren la prestación del servicio, generar nuevas oportunidades de trabajo para el sector y promover mecanismos institucionales de participación ciudadana”. El colectivo sostuvo que el sistema de remises “atraviesa una situación crítica que requiere de respuestas urgentes y planificación estratégica por parte de las autoridades”.

En su nota, Ciudadanía Activa advirtió que la postergación del aggiornamiento normativo expone a trabajadores y usuarios a las consecuencias de un marco regulatorio “que necesita ser actualizado y adaptado a la realidad”. Por eso solicitó que las propuestas “sean incorporadas a la agenda legislativa” y que se garantice “un proceso transparente que permita conocer los avances de su tratamiento”.

Reiteró además su disposición a intervenir en “instancias de construcción colectiva y diálogo”, y exigió que el Concejo informe públicamente “cuál será el tratamiento de las propuestas y genere los espacios de debate que sean necesarios para avanzar en soluciones concretas para el sector”.

La nota concluye pidiendo al cuerpo legislativo que no dilate más la actualización de la ordenanza y que habilite mecanismos participativos con presencia de permisionarios, usuarios y actores sociales para consensuar los cambios.